La declaratoria de emergencia y la lluvia de millones

 El gobierno de Boluarte, se ha caracterizado por ser errático, débil y sin un rumbo claro. Prescindiendo inclusive de colaboradores eficientes sin razones válidas. Su perfil personal dista mucho de un estadista conocedor de la realidad del país, capaz de tomar decisiones adecuadas, particularmente en tiempos de crisis. Su falta de criterio y liderazgo la hemos podido notar, por ejemplo,  durante los recientes incendios en gran parte del país con pérdidas de vidas y económicas irreparables. No en vano es la presidente con mayor porcentaje de desaprobación, nada menos que un 85 % según encuesta de Datum del mes de junio del presente año y al parecer, seguirá en caída libre.

La gestión de Boluarte se ha caracterizado por el descontento popular y la inestabilidad política debido a sus limitaciones para gobernar lo cual hacía pensar en la posibilidad de un eventual corte de su mandato. Sin embargo, a pesar de haber llegado a la presidencia por un partido de filosofía marxista, leninista y mariateguista, su estabilidad en el cargo se la debe al apoyo de  las bancadas de derecha del congreso con las que se ha aliado en una especie de relación simbiótica de supervivencia.

En este escenario de gobierno se suma a la preocupación de los peruanos un problema de inseguridad mayor, que a decir de los expertos, ha rebasado a la Policía Nacional, institución que, por cierto, cuenta con apenas 132,000 efectivos entre oficiales y suboficiales para una población de 34 millones de peruanos y cuya escuela de oficiales permanece cerrada desde hace una década, de tal manera que los cadetes se forman compartiendo la escuela de suboficiales en condiciones deficientes debido a la irresponsabilidad de los últimos gobiernos. Hoy en día, el problema de la inseguridad ha tomado la forma de una variante de terrorismo caracterizado por el sicariato y la extorsión.

El miedo es la estrategia de manipulación para coaccionar desde modestos vendedores ambulantes, hasta empresas mineras. Las víctimas y/o sus familiares son amenazadas constantemente hasta conseguir el pago exigido, caso contrario lo pagarán con su vida. Así hemos visto el asesinato de ingenieros, empresarios y choferes de transporte público. Justamente, la presión del gremio de transporte ha obligado al gobierno a tomar medidas en resguardo de su seguridad. Paralelamente, la población pide a los congresistas que se deroguen las leyes que favorecen el crimen organizado.

Lamentablemente, el gobierno, a falta de una real estrategia para combatir la inseguridad que golpea diferentes regiones del país, vuelve a decretar el estado de emergencia  en diferentes distritos de Lima y Callao "premiando " la ineficiencia de gobernadores y alcaldes quienes recibirán lluvia de millones para gastar en adquisiciones a dedo ya que tratándose de una situación de urgencia, se suspenden los procesos ordinarios de adquisiciones del Estado. No olvidemos que el año pasado se entregaron 54.5 millones de soles a Piura, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porras. ¿ De que sirvió tanto dinero ?...juzguen ustedes mismos.

En cuanto al Callao, la situación es alarmante. Casi diariamente se produce un asesinato por cupos, extorsión o ajuste de cuentas  a lo cual también se suma las agresiones a transportistas. Así las cosas, las autoridades chalacas no tienen mejor idea que pedir el estado de emergencia en todo el Callao. Sin embargo la lucha contra la inseguridad pasa por otros temas fundamentales, aparte de los recursos. Me pregunto por ejemplo, ¿ Cuáles son los resultados tangibles del comité regional de seguridad y de los distritales ?

Lo más fácil para las autoridades es pedir más presupuesto y personal policial, sin embargo, como lo digo en líneas arriba NO hay suficiente personal policial y cuando aumentan a un lado, es porque en otro están quitando . Es decir, visten a un santo para desvestir otro. Esta es la realidad desde hace muchos años. La PNP no tiene ni personal, ni logística ni el presupuesto suficiente para desarrollar su trabajo en condiciones óptimas. Por ello los gobiernos locales y regionales, de acuerdo a su ley orgánica, deben colaborar con tareas de vigilancia y prevención así como apoyar con los medios logísticos que sean requeridos por la policía para mejorar su función. Sin embargo, el gobierno de Boluarte solicitará el Banco de La Nación un préstamo por S/. 7,580 millones para financiar la compra de aeronaves de guerra....sin comentarios...

Para nadie es un secreto que la masiva inmigración venezolana, sin ningún tipo de filtros, ha disparado la inseguridad, no sólo en el Perú sino también en países vecinos. Los venezolanos se han agrupado en peligrosas bandas conformadas también por peruanos lo cual ha potenciado la criminalidad preexistente en el Perú a tal punto que subir a un medio de transporte público puede resultar como el juego de la ruleta rusa.

Aplacar la criminalidad y la violencia requiere por parte de las autoridades un conocimiento preciso de los problemas y necesidades de su población. La seguridad es un tema transversal que implica a las familias, las escuelas, las condiciones socio-económicas y otros factores que podrían desencadenar una escalada de crímenes. Por lo tanto, implantar un estado de emergencia es en realidad una forma de aceptar que no se tiene una estrategia para combatir la inseguridad por parte del gobierno. Aplicar el estado de emergencia es como dar paracetamol a un enfermo sin tratar las causas de su enfermedad.

En el Callao se ha pasado del asalto al tráfico de drogas, al cobro de cupos y sicariato. Los delincuentes han lotizado el Callao para ejercer su hegemonía. La falta de oportunidades para quienes no quieren ser parte de este mundo del crimen, termina obligándolos a delinquir. Existe una cadena generacional de delincuentes. Los niños imitan el actuar de sus padres.

La solución al flagelo de la inseguridad pasa por la necesidad de autoridades preparadas y valientes dispuestas a aplicar las medidas que sean necesarias. Asimismo, realizar mejoras radicales en el sistema educativo que interiorice nuevos valores y forme ciudadanos críticos. Se requiere también ofrecer condiciones económicas favorables que promuevan la inversión y por ende el aumento de puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes. Ojo señor gobernador.

JULIA SCHABAUER