Minería versus Minería

 Emitir una opinión imparcial respecto a la problemática de la inversión minera en el Perú requiere de conocimientos previos de carácter científico y de naturaleza social y cultural carentes , por cierto, en el político promedio. La solución a los conflictos mineros y sociales, en general, no pueden estar en manos de líderes locales u ONGs de dudosa reputación o ideologizados con posiciones políticas radicales. El Estado, dueño de los recursos del subsuelo, promociona y regula la inversión, por ende su rol como mediador en la solución en los conflictos es indudable.

Se habla mucho de la minería a cielo abierto como una actividad económica altamente contaminante y es cierto, más si no se respetan los debidos protocolos y no se aplica tecnología moderna para minimizar los daños al paisaje y a la población colindante. Sin embargo poco se sabe y/o se dice de otros sectores igual de dañinos para el planeta como son, la industria textil y la actividad agropecuaria (Acosta 2,018) y por supuesto, el sector energético.

Sólo como ejemplo mencionaré algunos datos : según la FAO la agricultura y la ganadería intensiva son actividades primarias que vierten la mayor parte de sustancias altamente contaminantes al agua entre los que tenemos pesticidas, nitratos, fosfatos y fármacos como antibióticos y hormonas. El sector energético y las industrias del petróleo generan el 60 % de las emisiones de CO2 del planeta. La industria alimentaria requiere por cada kilo de carne 15, 000 litros de agua para su producción y un kilo de arroz requiere de 3,000. litros de agua. La industria textil, influenciada por la moda, promueve el desecho constante de productos mayormente en buen estado y cuya fabricación genera miles de toneladas de emisiones de CO2 y requiere excesiva agua y químicos.

Los grandes problemas mundiales son: el cambio climático y la contaminación ambiental. Sin embargo los científicos sabemos que el desarrollo sostenible es una utopía. Nuestra presencia en el planeta es en sí misma un problema para la conservación de los ecosistemas. Los hábitats para el hombre son limitados. A pesar de ello nuestra especie se sigue reproduciendo de manera descontrolada, más en las zonas pobres y de bajo nivel educativo. La economía globalizada requiere para su crecimiento del aumento permanente de la producción de bienes y en esa carrera loca, el gran perdedor es nuestro planeta. Esta es la realidad de la que tenemos que estar conscientes y en esas condiciones urge la implementación de medidas mitigadoras de los daños ambientales y a la población.

No pretendo hacer en este Blog una apología en favor de la actividad minera. Lo que pretendo más bien es hacer una reflexión de su importancia para nuestra economía y que su satanización en lugar de buscar alternativas de solución, nos llevará al desastre económico. Y, cuando hablo de actividad minera, me refiero a la formal, la que cuenta con un contrato de concesión y sometida a controles de calidad durante su producción. Toda otra forma de minería: informal, ilegal (son lo mismo en realidad) o artesanal deben desaparecer. Esas son las peores, son las más dañinas, sin embargo ni se comenta ni se hace mucho contra ellas. Se dice que el 30 % del oro exportado procede de minería ilegal y que sus ganancias se calculan en el doble de ganancias por narcotráfico. Ciertamente, la minería legal adolece también de una serie de problemas pero la mejor solución no es permitir su retiro del país.

No existen, por ahora, alternativas viables para sustituir la minería por ello lo mejor es pensar en cómo mejorar su explotación minimizando los impactos ambientales y sociales. La contaminación minera y sus efectos en las comunidades aledañas es un problema mundial. Por ello en Europa se están realizando estudios para aminorar sus efectos nocivos desde la etapa de la exploración mediante la digitalización de la minería, la utilización de la geometalurgia y de métodos para reciclar el agua utilizada en el proceso de producción así como el reemplazo del diésel por energías limpias (eólica, solar o geotérmica).

Perú es el segundo productor mundial de cobre y tercero en la producción de plata, estaño y zinc. La importancia económica de la minería es incuestionable. Macroconsult señala que la minería representa más del 15 % del total de impuestos recaudados, el 30 % de todos los impuestos empresariales pagados y el 21 %  de todas las inversiones privadas. A ello le agrego que el 60 % de las exportaciones proceden de este sector. En tanto, tenemos, por lo menos, un 80 % de economía informal hacia la cual hay una actitud absolutamente permisiva y poca voluntad política para cambiar esta situación y, sobre esta nefasta realidad se critica muy poco, es más, diría que hasta se está normalizando y justificando por el tema de la pandemia, cuando en realidad este es un problema que viene de hace mucho tiempo atrás pero ningún gobierno ha querido comprarse este pleito en serio. Entonces, no me queda duda que hay una doble moral para juzgar ciertos temas en el Perú.

En el 2,011 Humala firmó la ley por la cual el Estado le debe consultar a los pueblos nativos o indígenas (cosa que por cierto, no se sabe ciertamente quiénes son) sobre cualquier medida (respecto a proyectos mineros) que pueda afectar sus medios o estilos de vida. Sin embargo, NO les proporciona el poder del VETO, es decir, la última palabra sobre los proyectos mineros la tiene SIEMPRE el Estado. Una vez que se otorga la concesión la empresa lo que debe hacer es consultar a la comunidad diferentes temas como parte de su Estudio de Impacto Ambiental.. Además se exige a la empresa un Plan de Participación Ciudadana durante la evaluación y curso del proyecto minero. Lamentablemente, muchas ONGs aprovechan esta prerrogativa para sacar provecho económico azuzando a la población para obtener mayores beneficios. De esta forma, se termina exigiendo muchas veces a las empresas mineras más de lo que el propio Estado está obligado a cumplir con su población.

Finalmente, un tema sumamente importante que queda pendiente por resolver es de la titularidad de la tierra. Las comunidades son propietarias de la superficie del terreno, pero el Estado (y por ende, todos nosotros) es propietario de los recursos del subsuelo. La mayor cantidad de conflictos mineros tiene que ver con el alquiler y/o la compra de terrenos comunales con la respectiva reubicación de poblados enteros.